Una sorprendente historia de corrupción ha salido a la luz en Paraguay, donde se ha descubierto una mafia involucrada en el uso indebido de tobilleras electrónicas.
El caso se originó el 29 de agosto de 2025, cuando Marcelo Fabián Peña Mancuello, de 32 años, fue detenido durante un allanamiento en su hogar en San Lorenzo, departamento Central. La operación fue llevada a cabo por policías del Departamento Antinarcóticos y el fiscal Fernando Javier Meyer Gini, quienes actuaron en el marco de una investigación por tenencia y comercialización de drogas.
“La corrupción en el sistema judicial socava la confianza de la ciudadanía”, afirmó un experto en ética.
La jueza María Elena Cañete Acosta dictó prisión preventiva para Peña en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. A medida que avanzaba la investigación, la Fiscalía presentó acusaciones contra él, aunque finalmente solo se mantuvo el cargo de tenencia de drogas.
En un giro inesperado, el abogado defensor Vicente Adolfo Rodríguez Barreto solicitó el arresto domiciliario para su cliente, lo que fue rechazado en varias ocasiones por la jueza. Sin embargo, el 20 de abril, se volvió a solicitar esta medida, sugiriendo que se cumpliera en la casa de una tía del acusado.
Al día siguiente, la jueza ordenó que funcionarios de la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (OMDEC) verificaran la casa propuesta para el arresto domiciliario. Curiosamente, el 22 de abril, la jueza rechazó nuevamente el pedido, alegando que el informe de OMDEC no llegó a tiempo, a pesar de que este fue entregado justo después del plazo estipulado.
Funcionaria involucrada en el escándalo
El mismo día del rechazo, una funcionaria del Juzgado de Primera Instancia, Antonia Galeano, supuestamente solicitó una coima de G. 6 millones a la familia de Peña para influir en la decisión de la jueza. La familia pagó G. 3 millones, pero la medida de arresto domiciliario no fue concedida, lo que llevó a la familia a presentar una denuncia por extorsión.
Finalmente, el 24 de abril, la jueza concedió el arresto domiciliario, pero Galeano volvió a contactar a la familia, pidiendo el saldo de G. 3 millones y otros G. 1 millón para los funcionarios de OMDEC. Ante la presión, la familia decidió denunciar la situación.
La fiscal Yeimy Rossana Adle Monges, del área de Anticorrupción, inició una investigación penal y organizó una entrega vigilada del dinero, que se llevó a cabo en el mismo Juzgado. Galeano fue arrestada por recibir el dinero destinado a la jueza y sus actuarias, así como a los funcionarios de OMDEC. Tras su detención, se allanó el despacho de la jueza Cañete y se confiscó el celular de una de sus actuarias, en un claro intento de desmantelar esta red de corrupción.
Una investigación revela una red de corrupción en el sistema de tobilleras electrónicas en Paraguay.
