El 29 de diciembre, a las 05:00, se registró un violento ataque contra la comunidad indígena Tekoha Karapá, ubicada en el distrito de Ypejhú, departamento de Canindeyú. Según una denuncia formal ante el Ministerio Público, un grupo de civiles armados, supuestamente guardias privados de un propietario de estancia, irrumpió en su territorio ancestral. Esto no solo fue un ataque a sus hogares, sino un ataque a su dignidad y derecho a vivir en paz.
Los atacantes abrieron fuego contra las viviendas, amenazando a hombres, mujeres y niños, lo que obligó a los pobladores a huir y refugiarse en el monte para proteger sus vidas. Además, se incendiaron deliberadamente los ranchos, junto con ropas, alimentos y enseres básicos, dejando a la comunidad en una situación de extrema vulnerabilidad. Es desgarrador pensar en cómo, en un instante, se puede perder todo lo que se ha construido.
Uno de los aspectos más alarmantes es el aislamiento forzoso que enfrenta la comunidad. Los civiles armados han establecido un cerco que impide el ingreso de asistencia humanitaria y la llegada de funcionarios del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), así como de agentes pastorales que intentaron llevar víveres a los afectados. La situación se vuelve más grave cuando la Policía Nacional fue impedida de ingresar, configurando una retención ilegal de patrulleras. Esto es un desafío directo a la autoridad estatal y al orden público, y los denunciantes advierten que se trata de un atentado contra la soberanía del Estado paraguayo.
El presidente de la Coordinación Nacional de Pastoral Indígena, monseñor Miguel Fritz, ha hecho eco de esta denuncia. Junto al líder indígena Gildo Romero Venialgo, han alertado sobre la inminente amenaza de etnocidio. Fritz ha solicitado una intervención urgente de la Fiscalía y de las fuerzas del orden, enfatizando que el territorio afectado se encuentra dentro de la franja de seguridad nacional, lo que agrava aún más la situación.
En un petitorio presentado ante la Fiscalía General del Estado, los representantes de la comunidad indígena exigen medidas urgentes para garantizar la integridad física de los pobladores, el cese del asedio armado y el despeje de los accesos bloqueados. También demandan el inicio de una investigación penal para identificar a los responsables de estos actos, que podrían incluir delitos graves como tentativa de homicidio, incendio, coacción grave, privación de libertad y atentado contra el orden constitucional.