El feminicidio en Paraguay no solo ha terminado con la vida de 354 mujeres en los últimos ocho años, sino que ha dejado una herida profunda en cientos de familias. Según datos del Observatorio del Ministerio Público, estos crímenes han generado al menos 563 hijos huérfanos, quienes son considerados víctimas colaterales de la violencia extrema.
De ese total, 374 eran niños, niñas o adolescentes cuando ocurrió el asesinato de sus madres, lo que representa el 66% de los casos. En términos concretos, seis de cada diez huérfanos por feminicidio en el país son menores de edad. Esto es realmente alarmante y nos hace reflexionar sobre el impacto que tiene la violencia en las generaciones más jóvenes.
Como dijo un experto en el tema: “Cada feminicidio no solo se lleva a una mujer, sino que también destruye vidas de niños que quedan sin su madre”.
El informe fue difundido al cumplirse diez años de la promulgación de la Ley N° 5777/16, que tipifica y sanciona el feminicidio. Aunque esta normativa ha permitido avanzar en condenas más severas, el Ministerio Público advierte que el impacto social de estos crímenes va mucho más allá de la víctima directa.
Los hijos que quedan atrás enfrentan no solo la pérdida de su madre, sino también la ausencia del padre, quien en muchos casos termina privado de libertad o se quita la vida tras el crimen. Esta es una realidad que no se puede ignorar y que requiere atención urgente.
Ante esta situación, la Ley N° 7349/2024 establece una pensión económica para los hijos menores de edad o personas con discapacidad que quedan desamparados como consecuencia del feminicidio. El esquema de protección se activa a través de distintas instancias judiciales y administrativas, lo que es un paso positivo, pero aún insuficiente para abordar la magnitud del problema.
Además, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) gestiona un programa especial de seguimiento integral, que articula acciones en salud, educación y asistencia social. El objetivo es restituir los derechos vulnerados de los niños y adolescentes afectados. Sin embargo, es fundamental que la sociedad en su conjunto se involucre en este proceso.
El análisis del Ministerio Público permite identificar patrones territoriales y contextuales. El departamento Central encabeza la lista con 92 causas, seguido por Alto Paraná (50), Amambay (24), San Pedro (21) y Caaguazú (21). En conjunto, estos cinco departamentos concentran el 61% de los casos registrados a nivel nacional. Esto nos lleva a cuestionar cómo podemos actuar para cambiar estas cifras.
En cuanto al perfil del agresor, en la mayoría de los hechos, el autor fue la pareja conviviente de la víctima (174 casos). En segundo lugar se ubican las exparejas, con 90 casos, generalmente motivados por celos o la negativa a aceptar la ruptura. Estos patrones son preocupantes y requieren un análisis profundo.
El arma blanca es el medio más utilizado para cometer el crimen, con 120 casos, seguida de las armas de fuego, con 113. Los días con mayor incidencia son los domingos (69 causas) y los lunes (53), una situación que suele coincidir con el consumo de alcohol u otras sustancias, según el informe.
Las cifras revelan además que la mayoría de las víctimas se encontraba en edad productiva. Un total de 179 mujeres tenían entre 30 y 59 años, mientras que 125 eran jóvenes de entre 18 y 29 años. En los extremos de mayor vulnerabilidad se registraron 22 víctimas menores de edad y 22 mayores de 60 años.
Pese al panorama alarmante, el Ministerio Público destacó que se lograron altas condenas en juicios orales, aplicando la Ley 5777/16, que prevé penas de entre 10 y 30 años de prisión para los responsables de feminicidio. Sin embargo, ninguna condena puede reparar el daño causado a los hijos que crecen marcados por la violencia y la pérdida, una consecuencia que sigue interpelando al Estado y a la sociedad en su conjunto.
El feminicidio en Paraguay ha dejado 563 huérfanos, un costo social profundo y doloroso para las familias afectadas.
