La agente fiscal Luz Alexandra Saldívar, de la Unidad Penal N° 2 de la Cuarta Región, ha formulado una imputación contra Óscar Darío Zacarías Maciel (35) por la presunta comisión del delito de reducción, en el contexto de la investigación sobre el crimen de Félix Kanazawa.
El Ministerio Público ha solicitado además la prisión preventiva del encausado, quien se encuentra actualmente detenido en Asunción, bajo la custodia de la Dirección de Antisecuestro de la Policía Nacional. La Fiscalía ha requerido un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo.
Según el relato fiscal, la causa se origina en el homicidio de Félix Masao Kanazawa Makino, ocurrido el pasado 8 de febrero. El presunto autor del crimen sería Remigio Rubén Llano López, quien habría asesinado a la víctima y posteriormente se apoderó de su vehículo y teléfonos celulares, trasladándose al departamento de Itapúa.
Al día siguiente, Llano López contactó a Zacarías Maciel a través de Facebook Messenger y WhatsApp para coordinar la entrega de los dispositivos robados. En ese encuentro, el imputado habría entregado tres celulares a cambio de un iPhone 13 Pro y un Samsung A4 pertenecientes a la víctima, además de abonar G. 500.000.
Pero el intercambio de equipos no fue el único beneficio obtenido. Según la imputación, Zacarías Maciel también aceptó transferencias desde la cuenta bancaria de Kanazawa, en el Banco GNB Paraguay, hacia cuentas a su nombre en Ueno Bank y Banco Familiar, por un total aproximado de G. 27.000.000.
Además, el 10 de febrero, habría retirado G. 6.000.000 de un cajero automático en Encarnación.
La Fiscalía sostiene que el sospechoso no se detuvo allí. Ese mismo día habría viajado a Ciudad del Este, donde utilizó el iPhone de la víctima para acceder a su aplicación bancaria e incluso concretar un préstamo. Posteriormente, realizó un “tour” de compras en locales comerciales como Jebai Center, Shopping Monalisa y Shopping Paris, adquiriendo productos electrónicos, prendas de vestir de marca y perfumes por un valor aproximado de G. 52.200.000.
La Fiscalía argumenta que la prisión preventiva es necesaria ante la gravedad del hecho y el riesgo de obstrucción de la investigación, que aún se encuentra en una etapa incipiente. Mientras tanto, el Ministerio Público avanza en la recolección de evidencias para esclarecer completamente la trama que conecta el homicidio con el presunto aprovechamiento de los bienes y fondos de la víctima.