El Ministerio Público ha tomado una decisión contundente al imputar a tres funcionarios de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (Copaco). Este acto se debe a su presunta participación en un esquema de desvío de fondos públicos que habría superado la alarmante cifra de G. 1.100 millones. Es un caso que no solo llama la atención por la cantidad de dinero involucrado, sino también por la forma en que se habrían llevado a cabo los hechos.
La investigación, liderada por la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, ha revelado que estos funcionarios simulaban pagos a la Municipalidad de Asunción, aparentando cumplir con obligaciones municipales. Sin embargo, en realidad, los fondos estaban siendo redirigidos a cuentas personales de estos funcionarios y de terceros, utilizando accesos indebidos a los sistemas contables y bancarios de la entidad estatal.
El caso se vuelve aún más complejo al considerar que la imputación alcanza al gerente administrativo financiero de Copaco, quien es señalado como presunto autor de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos. También se incluye al jefe del Departamento de Tesorería como cómplice y a un funcionario del área de informática, quien habría alterado datos relevantes en los sistemas contables.
Los nombres que han salido a la luz son los de Osmar Cañete Roa, el exgerente administrativo financiero, y Roque Alberto Damián Valdez Centurión, el exjefe del Departamento de Tesorería. La situación es tan grave que se ha detectado la eliminación y modificación de registros contables, lo que ha llevado a que la auditoría interna confirmara transferencias millonarias desde cuentas institucionales a cuentas personales entre 2023 y 2025.
Como resultado de estas irregularidades, la Fiscalía ha solicitado medidas cautelares, considerando la gravedad de los hechos y los elementos de sospecha que se han reunido hasta ahora. La investigación continúa en curso, con el objetivo de esclarecer el alcance total de este presunto esquema de desvío de fondos públicos.
Tres funcionarios de Copaco son imputados por un desvío de fondos públicos que supera los G. 1.100 millones.