El Juzgado Penal de la Adolescencia de Lambaré ha tomado una controvertida decisión al sustituir la prisión preventiva de dos adolescentes por medidas provisorias de arresto domiciliario. Estos jóvenes estaban recluidos en el Centro Educativo Integral “La Esperanza” de Itauguá desde el 19 de mayo, luego de intentar asaltar a una conductora de la plataforma Bolt.
El magistrado fundamentó su decisión en el “interés superior del niño” y la necesidad de que los adolescentes continúen con su educación escolar. Se mencionó que cuentan con matrícula en un colegio de Villa Elisa y tienen informes de buena conducta emitidos por el centro de reclusión. La defensa pública argumentó que los jóvenes provienen de entornos familiares estables y que el encierro debe ser la última opción.
“Es un regalo, les premiaron prácticamente por lo que hicieron”, expresó Patricia Ayala, la víctima del asalto.
La decisión del juez provocó una fuerte reacción en la víctima, quien se siente desprotegida por el sistema de justicia. Patricia Ayala recordó que uno de los atacantes fue particularmente violento y la amenazó durante el asalto. Además, enfatizó que los adolescentes residen cerca de su hogar, lo que incrementa su sensación de inseguridad. Cuestionó el argumento educativo, señalando que “dentro de la penitenciaría tienen un lugar para seguir estudiando si de verdad les interesa”.
Ayala también mencionó que su padre se encuentra en terapia intensiva y que ella lo apoyaba económicamente. Sin embargo, tras el asalto, su miedo la ha llevado a evitar salir a la calle, expresando que “es una lástima que no haya justicia en verdad”.
El asalto ocurrió el 19 de mayo en las cercanías del Hospital de Lambaré. Según los informes, los menores abordaron el vehículo y, bajo amenaza de una pistola 9 mm, exigieron a la mujer que descendiera. Sin embargo, desistieron del robo cuando la conductora les informó que el automóvil contaba con rastreo satelital (GPS).
Poco después, agentes de la Comisaría 17 de San Isidro lograron capturar a los sospechosos y recuperar la réplica de arma de fuego utilizada en el asalto.
El abogado de la víctima, Alberto Medina, se opuso a la liberación de los adolescentes, argumentando que no muestran un arrepentimiento genuino y que sus padres han demostrado incapacidad de control. La querella advirtió sobre el riesgo de represalias, ya que los imputados conocen perfectamente a la mujer y su trabajo. Como parte de las medidas impuestas, se prohibió a los jóvenes portar armas, consumir alcohol o drogas, y acercarse a la víctima por cualquier medio, con la advertencia de que el incumplimiento podría revocarles el beneficio.
La víctima teme por su seguridad tras la decisión judicial sobre sus atacantes.