La reciente aprobación, con modificaciones, del proyecto de reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público en la Cámara de Diputados ha provocado una fuerte reacción en el ámbito de la magistratura. El juez Carlos Hermosilla, miembro de la Coordinadora Salarial de Magistrados Judiciales, expresó que “la ‘familia judicial’ se encuentra dolida y molesta”, considerando que el tratamiento de esta ley es un trato injusto y descortés, dado que es una normativa que él califica como “trascendental y transversal para todo el funcionariado público”.
Hermosilla indicó que el proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo, introduce modificaciones sustanciales al régimen jubilatorio de los magistrados. Hasta el momento, la jubilación se regía por reglas claras, como 50 años de edad o 24 años de servicio, con un aporte mensual del 16%. Sin embargo, estas condiciones han sido alteradas con la reforma.
A pesar de que el sector judicial no se opone a una reforma de la Caja Fiscal, ni a los ajustes necesarios para garantizar su sostenibilidad, el magistrado cuestionó que la magistratura haya sido excluida del proceso de elaboración del anteproyecto y de las discusiones previas. Según su criterio, esta falta de invitación y diálogo representa un desaire institucional hacia el Poder Judicial.
Los gremios del Poder Judicial se reunirán para analizar el alcance de lo aprobado por la Cámara Baja y definir los pasos a seguir, ahora que el proyecto se dirige al Senado. Hermosilla también mencionó que existe un clima de angustia e incertidumbre, y que se han producido renuncias de jueces, defensores públicos y fiscales debido al temor a cambios en la jubilación.
Si bien el juez aclaró que aún no se ha tomado la decisión de adoptar medidas de fuerza, sostuvo que el ordenamiento jurídico paraguayo no prohíbe expresamente que los magistrados recurran a acciones como la huelga. “Nunca se hizo, pero siempre hay una primera vez”, advirtió.
Finalmente, Hermosilla insistió en la necesidad de un debate profundo y transparente sobre las causas reales del dèficit de la Caja Fiscal y las responsabilidades involucradas. Reclamó que los ajustes no recaigan solo en sectores como docentes, policías, militares y magistrados, sino que abarquen a todo el servicio público. También cuestionó la falta de respuesta de las autoridades legislativas a los pedidos formales de suspender el tratamiento del proyecto para abrir un espacio de discusión más amplio.